Todos aquellos que nos dedicamos al comercio internacional, hemos vivido el mes de Febrero más desastroso que se recuerde en España, una huelga de trabajadores portuarios ha paralizado las salidas y entradas de mercancías del país, con sus consiguientes repercusiones económicas.
Pero, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Para entenderlo hay que empezar hablando del sector portuario español, un sector completamente fuera de las reglas en las que se basa una economía liberal, y que ha ido consolidando unos derechos especiales a los largo de estos años, los cuales Europa ha considerado ilegales. Para empezar, la legislación española establece que el servicio de contratación de estibadores debe hacerse exclusivamente a través de las Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios (Sagep), cuya misión es seleccionar, formar y gestionar a los trabajadores portuarios encargados de la estiba. Los trabajadores quedan registrados en un registro de estibadores, que sería una especie de colegiación que Bruselas declara que vulnera el derecho al libre establecimiento. Esta situación viene acompañada de una rigidez en los costes de contratación, lo que hace que los costes de la estiba supongan el 51% de los costes de manipulación de la mercancía en el puerto.
Este conflicto viene arrastrándose desde Junio de 2013 y se inicia cuando la Comisión Europea decide llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), tras la negativa del gobierno español a modificar la situación de contratación de los puertos del país. En diciembre de 2014 el TJUE dictamina que España ha de cambiar su legislación y liberalizar el sector. Entre febrero y julio de 2015, se inician las negociaciones entre la patronal del sector portuario, el ministerio de fomento, y la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, donde se consensua un documento que sirva como base para modificar la regulación actual, a partir de ese momento se paralizan las negociaciones, primero por la llegada de las campañas electorales (septiembre a noviembre de 2015) y después por la falta de acuerdos entre los partidos políticos, lo que retrasa la formación de un nuevo gobierno, y deja al país con un gobierno en funciones durante 1 año. Por lo que después de un parón en las negociaciones de más de 1 año, el 2017 se inicia con el anuncio por parte del gobierno de su voluntad por hacer cumplir las obligaciones impuestas por Europa, lo que ha hecho que el sector de la estiba, viendo peligrar todos los privilegios adquiridos años en atrás se declare en huelga.
El resto de la historia, la tenemos más reciente, y la hemos vivido con grandes preocupaciones todas las empresas, Españolas o no, que nos dedicamos al comercio marítimo. Contenedores acumulados en los puertos por la falta de trabajadores que hicieran la función de carga, barcos que decidían no hacer escala en territorio español, líneas marítimas que sí hacían escala pero con la condición de doblar el precio de los fletes, y productos acumulados en los almacenes de las empresas de todo el país, a la espera de poder darles salida vía mar. En conclusión, grandes pérdidas económicas soportadas por los empresarios, a consecuencia de una lucha que pedía mantener los privilegios de unos pocos. La huelga portuaria ha acabado por ahora, gracias a los apoyos que han recibido por parte de los partidos políticos minoritarios, lo que ha llevado al gobierno a tener que ceder ante sus pretensiones, aunque esto suponga para España el pago de una sanción millonaria impuesta por la unión europea, sanción que se pagará entre todos los españoles para beneficiar únicamente a un grupo minoritario de sus ciudadanos.
Al menos por ahora, la huelga ha sido cancelada, y el siguiente paso es esperar a la descongestión de los puertos, que tienen que dar salida tanto a la mercancía habitual como a todo lo que no pudo salir en su momento por la huelga portuaria, mientras se asumen unos costes de transporte que suponen más del doble de lo habitual.
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